Cantabria

El mes de octubre del año 2015 entró en vigor la Ley 21/2015, de 20 de julio, de modificación de la Ley 43/2003, de Montes. Esta modificación es sustancial, de manera que buena parte del articulado de la Ley 43/2003 se ha visto retocado.

Esta nueva Ley considera a los montes como infraestructuras verdes y al territorio forestal como parte importante del mundo rural, al que pertenece, reconoce el concepto de multifuncionalidad de los montes españoles y perfecciona el equilibrio entre los tres pilares imprescindibles de la gestión forestal sostenible: el económico, el ecológico y el social.

Sistematiza las facultades y competencias que corresponden a la Administración General del Estado, mantiene la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural como órgano de coordinación y recupera la figura del Consejo Forestal Nacional como órgano de participación de ámbito forestal.

Clasifica los montes según su titularidad y por su afección a un interés general, con una regulación y registros propios de cada uno. El uso privativo de montes públicos se somete con carácter general al régimen de concesión administrativa. Puede ser público y, por tanto, libre pero ordenado, por lo que se debe contemplar en el instrumento de gestión aplicable. Se refuerzan las disposiciones que se refieren a la recuperación posesoria, deslinde, adquisición preferente y derechos de tanteo y retracto del Dominio Público Forestal pero sin modificar su régimen de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y ausencia de tributación. En los montes privados se amplía el concepto de los protectores, declarados de utilidad pública. Y se regulan los montes pro indiviso, caracterizados por la falta de identificación de todos los comuneros.

En materia de gestión forestal sostenible se simplifica la planificación y se hace posible para los montes de reducida superficie. Las comunidades autónomas pueden establecer modelos-tipo de gestión forestal para cada una de las clases de monte que poseen en su territorio y que consideren que, por su tamaño, su simplicidad estructural o por cualquier otra razón, pueden ser objeto de un plan de gestión muy simple. Se limita la obligación legal de disponer de un proyecto de ordenación, plan dasocrático u otro instrumento equivalente a los montes catalogados y los protectores, pudiendo las comunidades autónomas ampliar esta obligación a los montes que consideren conveniente. Se conserva la autorización previa, o declaración responsable si se trata de turnos cortos, para los aprovechamientos en montes que no dispongan de instrumento de ordenación y la simple notificación previa para los que dispongan de él. Se refiere a los contratos públicos de aprovechamientos forestales y a la certificación forestal voluntaria. Las Administraciones públicas deben tratar de controlar la legalidad del origen de los productos forestales.

Se mantiene la prohibición expresa del cambio de uso forestal durante 30 años en un terreno incendiado, a excepción de los terrenos en los que concurran razones imperiosas de interés general que prevalezcan sobre su carácter forestal exigiéndose medidas compensatorias. Esta prevalencia debe ser definida por una norma con rango de ley. Corresponde a cada comunidad autónoma decidir sobre el acceso a los montes y el uso de las pistas forestales. Y se modifica el régimen de los agentes forestales y las potestades administrativas de extensión, policía y guardería forestal. Recoge la creación del Registro Nacional de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales

Modifica el régimen sancionador. Introduce como factor de corrección una medida de la importancia del daño ambiental causado como moduladora de la gravedad de la infracción. Y para desincentivar la posibilidad de que la sanción se considere un coste más de una operación, se introduce el factor de que la sanción será la mayor de la prescrita o el doble del valor del daño causado (o de la madera comercializada, que además se confisca), junto con la obligación de reparar los daños.

Para reactivar económicamente el sector forestal mediante la agrupación de montes a efectos de gestión, se definen las sociedades forestales. Sus socios mantienen todas las prerrogativas dominicales a excepción de la gestión forestal, que se entrega por un tiempo a la sociedad a cambio de una participación en los beneficios. Y para estas sociedades se establece una deducción en el Impuesto sobre Sociedades de las sociedades forestales del 10% de los gastos e inversiones destinados a la conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso del monte, así como un régimen especial de diferimiento.

Se establece la elaboración de un Plan Nacional de Inspección en cooperación con las comunidades autónomas. Y se aumentan en diez años, a comenzar desde 2004, los plazos en los cuales los montes con instrumento de planificación vigente deben contar con un proyecto de ordenación, plan dasocrático, técnico o instrumento equivalente, así como el de carencia de dicho instrumento a efectos de incentivos.

OEP y Convocatorias

Convocatoria Ingenieros Técnicos Forestales Principado de Asturias - 2018

Con fecha 20/06/2018 ha sido publicada la 

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Convocatoria Ingenieros de Montes del Principado de Asturias - 2018

Con fecha 20/06/2018 ha sido publicada la 

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Convocatoria Técnicos Auxiliares Medioambientales Comunidad de Madrid - 2018

Con fecha 10/04/2018 ha sido publicada la 

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Convocatoria Agentes Medioambientales OO.AA. Ministerio Medio Ambiente - 2018

Con fecha 31/01/2018 ha sido publicada la 

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